| Derechos
de las personas con discapacidad
Por primera vez, la ONU aprueba un texto para asegurar el
cumplimiento de todos los derechos humanos en condiciones
de igualdad
Mañana entrará en vigor la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas,
un texto que engloba a 650 millones de personas en todo
el mundo: una de cada diez. A pesar de que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos debería ser suficiente
para proteger a todos, con este instrumento se intenta garantizar
que, además, el cumplimiento de los derechos se realice
en condiciones de igualdad.
 Autor:
Por AZUCENA GARCÍA Fecha de publicación: 2
de mayo de 2008
(Imagen: Dominik Golenia)
El pasado 3 de diciembre, España ratificó
la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas Discapacitadas. Jamaica fue el primer país
en hacerlo y Ecuador, el último. A un año
de su adopción, este pacto ha sido firmado por 106
países. El objetivo del texto es promover, proteger
y asegurar el cumplimiento, en condiciones de igualdad,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas con discapacidad. Un total de 650 millones.
Las buenas noticias no acaban aquí. Si las previsiones
se cumplen, la Comisión Europea propondrá
en junio la adopción de una directiva específica
contra la discriminación de las personas con discapacidad
en Europa. Esta decisión es fruto de la campaña
"1 millón por la discapacidad", que se
desarrolló el pasado año y obtuvo más
de 1.350.000 firmas.
"En un mundo perfecto, los derechos enumerados en
la Declaración Universal de Derechos Humanos serían
suficientes para proteger a todos"
"En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos serían
suficientes para proteger a todos", reconoce la propia
Organización de Naciones Unidas. Pero no es así.
Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos
más vulnerables, junto a las mujeres, los niños
y los refugiados, por lo que necesitan una atención
especial. En ocasiones, carecen de las mismas oportunidades
que el resto de la población. Para subsanarlo, la
Convención de la ONU trata de acabar con las prácticas
discriminatorias. Han sido necesarios cinco años
de negociaciones para que este texto vea la luz, pero si
su aplicación es efectiva, puede enmendar errores.
Impacto legislativo
Una vez aprobado el texto, las dudas planean sobre el impacto
legislativo que tendrá. La Convención pretende
servir de instrumento para que los gobiernos introduzcan
cambios que mejoren y promuevan el acceso a la educación,
al empleo, a sistemas de salud adecuados y a entornos sin
obstáculos físicos ni sociales. Se trata,
en definitiva, de garantizar una igualdad plena en todos
los ámbitos.
En este sentido, el informe Derechos Humanos y Discapacidad
en España trata de "documentar la realidad y
proponer perspectivas de mejora". Realizado por Leonor
Lidón, de la Fundación ONCE, en colaboración
con el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI), supone la parte correspondiente
a España de un estudio europeo respaldado también
por Alemania, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda,
Irlanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía.
El documento defiende el abordaje de la discapacidad "en
el ámbito de la dignidad y valor de cada ser humano"
para que todas las personas puedan disfrutar plenamente
de todos los derechos humanos.
Se buscan cambios que mejoren y promuevan el acceso a la
educación, al empleo, a sistemas de salud adecuados
y a entornos sin obstáculos físicos ni sociales
Para ello, el informe recoge cuáles son los derechos
de las personas con discapacidad, en un intento de facilitar
el desarrollo de las modificaciones y disposiciones normativas
que sean necesarias tras la entrada en vigor de la Convención
de la ONU. "La aplicación de la Convención
va a propiciar un momento importante para ver hasta qué
grado la legislación vigente es efectiva y es algo
más que una declaración de voluntades",
asegura el director general de la Fundación ONCE,
Luis Crespo.
Reformas
Alcanzar una situación de igualdad implica responder
a las necesidades reales de las personas discapacitadas
y atender a sus particularidades. En esta línea,
según el director de la Oficina de Derechos Humanos
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
Fernando Fernández-Arias, la Convención supone
un cambio de enfoque de la discapacidad, "ya que pasa
a tratarse a nivel internacional desde la perspectiva de
los derechos humanos y, además, reconoce las especificidades
de la situación de las personas con discapacidad".
Esto supondrá algunos cambios legislativos para
poder cumplir los principios de la Convención. De
hecho, el CERMI ya ha advertido de que la "plena adecuación"
de la legislación española a los valores,
contenidos y mandatos de la Convención de la ONU
será una de sus prioridades. Por su parte, otras
voces han pedido que se modifique el procedimiento de incapacitación.
Para la Fundación Aequitas, del Consejo General del
Notariado para la ayuda de las personas necesitadas de especial
protección, la Convención plantea "una
nueva perspectiva" en la situación de las personas
y su capacidad de obrar, lo que implica "una nueva
lectura del sistema jurídico del derecho privado
en materia de capacidad".
El artículo 12 reconoce la capacidad jurídica
de las personas discapacitadas y defiende medidas oportunas
"para impedir los abusos"
El artículo 12 de la Convención reconoce la
capacidad jurídica de las personas discapacitadas
y defiende la puesta en marcha de medidas oportunas "para
impedir los abusos". En concreto, subraya la necesidad
de respetar sus derechos, voluntad y preferencias e insta
a tomar "todas las medidas que sean pertinentes y efectivas"
para garantizar el derecho de las personas con discapacidad
a ser propietarias, heredar bienes, controlar sus asuntos
económicos, acceder en igualdad de condiciones a
préstamos bancarios o no ser privadas de sus bienes
de "manera arbitraria".
Se trata de poner fin a cualquier situación de discriminación
e indefensión, "no en categorías médico-jurídicas,
tampoco en porcentajes, sino en situaciones personales o
sociales", defiende la Fundación Aequitas. Según
esta entidad, la adaptación de la actual normativa
a los criterios o exigencias de la Convención permitirá
equiparar a las personas con inteligencia límite
y las personas con discapacidad "ante problemas que
les fueran comunes".
Novedades
La intención última de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas
es elaborar un listado detallado de derechos y un código
de aplicación. Asimismo, exige a los países
firmantes un compromiso para desarrollar leyes o medidas
que garanticen el cumplimiento de estos derechos, combatan
los estereotipos y prejuicios, y respalden la igualdad de
todas las personas, en especial, de las mujeres, las niñas
y los niños con discapacidad.
El objetivo es elaborar un listado detallado de derechos
y un código de aplicación
Por otro lado, la Convención reconoce el acceso igualitario
a la justicia y a la educación, exige a los países
que protejan la integridad física y mental de las
personas con discapacidad y la confidencialidad de su información
personal y en materia de salud, aboga por la eliminación
de los obstáculos y las barreras físicas y
busca promover la movilidad personal y la independencia.
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